Siempre he sido partidario de un sistema
electoral que prime la gobernabilidad a pesar de la cada vez más extensa
opinión favorable a aumentar la proporcionalidad. La mayoría de los sistemas electorales incorporan métodos de asignación de escaños con correctores y límites para proporcionar un escenario parlamentario estable. Aquellos que no lo hacen obtienen periodos de escasa gobernabilidad.
Permitidme adjuntaros un enlace a un artículo que publiqué al respecto en Diario de Burgos hace años cuando me responsabizaba de la Secretaría de Acción Electoral en la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Burgos: http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Opini%C3%B3n/20100330/estabilidad/prioridad/ABA278C7-D640-CD17-C5501C09D5EFF090
Del mismo modo ayer encontré este oportuno artículo de opinión de Andrea Betti y Gabriel Echeverría en "El Huffington Post", el cual aborda la cuestión comparando la experiencia parlamentaria italiana con la española, arrojando una conclusión que no hace sino confirmar la mía. Yo mismo he recurrido en no pocas ocasiones al ejemplo italiano para intentar objetivizar lo mejor posible mi opinión. Os animo a que la conozcáis:
Lecciones de gobernabilidad italiana para España
Mientras que en Italia las principales fuerzas políticas se
encuentran en estos días empeñadas en una difícil negociación para
simplificar el sistema político y hacerlo más gobernable, en España,
tras años de estabilidad y sustancial bipartidismo, una parte
significativa de la opinión publica plantea la necesidad de reformar el sistema para garantizar una mejor representación de los partidos menores y la posibilidad de gobiernos de coalición.
Esta divergencia encuentra explicación en la historia reciente de los
dos países. Por un lado, la fragmentación política de Italia, donde la
formación del Gobierno ha necesitado de abultadas e incoherentes
coaliciones; por otro, la solidez del sistema español, donde la
formación del Gobierno ha sido principalmente cosa de dos: o socialistas
o populares.
La comparación de estas dos experiencias invita a reflexionar sobre
un tema fundamental: la relación entre gobernabilidad, entendida como la
capacidad del sistema político de responder de forma eficaz a las
necesidades de la comunidad política, y representación, entendida como
la capacidad de acoger de forma lo más amplia posible, las demandas y
sensibilidades existentes en la comunidad política. En las democracias
contemporáneas los dos principios son evidentemente imprescindibles. Sin
embargo, la relación entre los dos es conflictiva puesto que sus
objetivos responden a lógicas diferentes. La gobernabilidad se mide en
la capacidad de tomar decisiones y, por tanto, en la necesidad de
seleccionar las demandas que la acción política debe atender. La
representación, en cambio, busca dar voz a la mayor variedad posible de
opiniones, visiones del mundo e intereses. Resulta evidente que mientras
más demandas se representan, más difícil será construir síntesis que
conduzcan a decisiones legítimas. Viceversa, mientras menos voces se
atienden mas fácil será decidir y, por ende, gobernar.
La relación entre estos dos principios no es equiparable a un juego
de suma cero, por el cual el aumento del uno signifique la disminución
del otro. Y es que, en política, mientras es posible alcanzar
gobernabilidad sin representación, como en el caso de una dictadura, lo
contrario, o sea, representación sin gobernabilidad, no puede existir.
Si un sistema político, por atender la representación no logra tomar
decisiones y transformarlas en políticas públicas, termina por
traicionar a todos los representados puesto que, finalmente, ninguna
demanda es atendida.
En política, no existen fórmulas ideales, válidas para toda época o
universalmente aplicables. Cada país, al construir su propia
arquitectura institucional, o al intentar modificarla, deberá dosificar
estos dos principios y encontrar un equilibrio adecuado a sus
necesidades. En este sentido, si bien es cierto que cada experiencia es
diferente, el caso italiano ofrece algunas lecciones sobre los riesgos
para un sistema en el que exista un pronunciado y prolongado déficit de
gobernabilidad.
La incapacidad de las fuerzas políticas italianas de reformar la
Constitución y una serie de leyes electorales incoherentes (1993, 2005)
han generado un sistema político caracterizado por la fragmentación de
la representación, la debilidad de los gobiernos y el poder de veto de
los partidos menores. Esto ha determinado una creciente disfuncionalidad
del sistema que ha terminado por afectar de manera evidente tanto a la
cantidad como a la calidad de las políticas públicas producidas. Algo
que tiene relevantes consecuencias tanto a nivel económico, como
demuestra el sustancial estancamiento económico de los últimos 20 años o
la insostenible situación de la deuda pública, como a nivel político,
donde el fenómeno de la antipolítica se ha difundido de forma
preocupante.
Las razones del déficit de gobernabilidad del sistema político
italiano residen en dos aspectos fundamentales del sistema
institucional. Por un lado, la experiencia traumática del fascismo
provocó que quienes redactaron la Constitución italiana y diseñaron su
sistema político optaran por limitar el poder del ejecutivo,
restringiendo considerablemente el poder del primer ministro. A
diferencia del presidente del Gobierno español, por ejemplo, el primer
ministro italiano no dispone, ni en el papel ni en la práctica, de la
facultad de despedir a sus ministros, o carece del poder de disolver al
parlamento y llamar a nuevas elecciones. De la misma manera, al no
existir una moción de censura constructiva, el Gobierno se ve
permanentemente expuesto a los juegos y vetos de las fuerzas
parlamentarias, que pueden retirarle la confianza en el momento en que
lo deseen. Por otro lado, las diferentes leyes electorales que se han
sucedido han sido hasta el momento ineficaces a la hora de reducir la
fragmentación y favorecer resultados que otorguen a una fuerza política,
o a una coalición no excesivamente heterogénea, un mandato electoral
claro que le permita gobernar.
Resulta evidente que, en lo que se refiere a la relación entre
gobernabilidad y representatividad, España e Italia se encuentran en dos
momentos históricos diferentes. En España la gobernabilidad ha sido
decididamente mayor, aunque a costa de un sistema sustancialmente
bipartidista. Para bien o para mal, esto ha permitido a los gobiernos
llevar a cabo sus programas y a los electores juzgarlos en las urnas. En
Italia, al contrario, lo que podría considerarse como un sistema más
representativo (más partidos en el Parlamento y gobiernos de coalición),
en realidad lo ha sido solo en apariencia.
La escasa gobernabilidad no ha permitido que las demandas de la
sociedad se traduzcan de manera efectiva en políticas públicas, ni que
los electores puedan distinguir claramente a los responsables de los
repetidos fracasos. Por ello, al interesarse España sobre una reforma
del sistema electoral que aumente los espacios de representación, algo
que en principio siempre es deseable, es importante tomar en cuenta las
exigencias de la gobernabilidad. En estas semanas, Italia está luchando
fatigosamente para que se imponga un modelo de democracia capaz de crear
gobiernos duraderos que produzcan decisiones claras y sujetas al
control electoral. Sin estas imprescindibles reformas, el sistema
italiano parece condenado a oscilar entre la opción de gobiernos débiles
sin capacidad de decidir o entre grandes coaliciones capaces solo de
"cambiar todo para que nada cambie".
Andrea Betti y Gabriel Echeverría
Foto: Bronca en la Cámara de Diputados del Parlamento italiano el 26 de octubre de 2011 (vía Antena 3)