La transparencia, la participación y la colaboración han de suponer
los pilares fundamentales en la gestión de una institución de gobierno.
El
gobierno abierto va mucho más allá de la incorporación de las TIC en la
administración pública. Supone un salto cualitativo respecto al gobierno
electrónico colaborando continua y directamente con los ciudadanos, no solo
desde el ámbito de la información sino desde la comunicación en la elaboración
de políticas públicas y en la toma de decisiones políticas.
¿Están incorporando buenas prácticas de gobierno abierto las
administraciones públicas en España? La respuesta es muy desigual dependiendo
del ámbito territorial y el color político en cada una de las instituciones de
gobierno.
Echando la vista atrás cabe señalar que ya ha pasado un
lustro desde la aprobación de la Directiva
de Gobierno Abierto en EE.UU. basada en el memorando que el presidente
norteamericano Barack Obama presentó en enero de 2009, en su primer día en el
cargo. Esta norma de aplicación en
toda su Administración, supuso el primer paso dado por un gobierno en los EE.UU.
hacia la reutilización de los datos públicos por empresas, entidades sociales y
ciudadanos y uno de los principales referentes internacionales en la
incorporación de políticas de Open Data.
Patrice McDermott, actualmente directora ejecutiva de
Openvernment.com (uno de los principales portales de datos abiertos en EE.UU.)
anunció por entonces en relación a la aprobación de la directiva del presidente
Obama "Vamos a trabajar juntos para
asegurar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia,
participación pública y colaboración. La apertura va a fortalecer nuestra
democracia y promover la eficiencia y eficacia en el Gobierno" .
Tal como señalan Ana Corajan y Eva Campos en La Promesa del Gobierno Abierto (2012),
los mensajes y propuestas de Obama de cambiar el sistema de Gobierno, la forma
de gobernar y de hacer política ya se venían observando desde la campaña
electoral que le llevó a la Casa Blanca, caracterizada por un activismo
político on-line desconocido hasta el momento.
Una vez al frente del gobierno Obama y su administración
transformaron la manera de entender la relación entre administración y
administrados. Una relación basada en la accesibilidad de la información y en
su aprovechamiento por parte de los ciudadanos, proporcionando una nueva
cultura de reutilización de la información pública.
Ese mismo año, el 7 de diciembre de 2009, el gobierno
laborista de Gordon Brown aprueba un plan dirigido a incorporar la política de
gobierno abierto en la agenda política de Dwoning Street. Del mismo modo el
gobierno socialista de José Luis R. Zapatero lanzó en España el Proyecto Aporta con el objetivo es poner
en disposición de los ciudadanos los datos elaborados por las instituciones
españolas.
No obstante no cabe duda que uno de los proyectos pioneros
más relevantes entre las instituciones españolas sobre Open Data es el
desarrollado por el gobierno vasco durante la lehendakaritza de Patxi López. El socialista vasco lideró la mayor
apuesta sobre la apertura de información institucional conocida hasta la fecha
en España. Otras comunidades autónomas como Cataluña y Asturias también
incorporaron distintas actuaciones de apertura de datos igual que algunos
ayuntamientos pioneros como el de Gijón, Zaragoza o Barcelona.
Pero cinco años después ¿Están nuestras instituciones
dispuestas a ser transparentes y facilitar la información que demandan los
ciudadanos? ¿Cuál es el mapa actual de iniciativas de Open Data en España?
Hoy en día algo más de la mitad de las comunidades autónomas
presentan canales institucionales de apertura de datos públicos, en concreto 10:
Galicia, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla - La Mancha,
Andalucía, Cataluña y Baleares.
No ocurre lo mismo en la administración local. De los 250
municipios más poblados de España, solo 26 ayuntamientos cuentan con portales
de información pública accesibles para su reutilización y de las 44
diputaciones provinciales y cabildos insulares, solo 3.
Ante estos datos podemos evidenciar un déficit en la
incorporación de actuaciones de gobierno abierto en nuestro país, casualmente
entre las administraciones más próximas al ciudadano.
No se trata solo de exigir mayor accesibilidad a la
información, sino de hacer ver las posibilidades que se abren respecto a la
reutilización de los datos públicos por parte de ciudadanos y empresas. El
potencial de la información pública es enorme y la complicidad entre la
administración, las empresas y los ciudadanos puede producir sinergias tanto en
el ámbito social como el económico.
El gobierno abierto supone un elemento transformador en sí
mismo y un reto que algunas instituciones nacionales e internacionales ya han
alcanzado, sin embargo parece que es una meta inalcanzable para muchas otras.
No obstante debe seguir siendo una apuesta decidida de presente y de futuro
para todas ellas.
*Gráfico obtenido de eldiario.es el 22 de agosto de 2014