Concluida la Comisión de Investigación sobre los programas de
movilidad europeos que fueron concedidos al Ayuntamiento de Burgos, al
Plan Estratégico y desviados a la Red Civinet, todos los grupos
políticos municipales, incluido el PP, han coincidido en que el equipo
de Gobierno ni controló, ni supervisó la gestión que las entidades
instrumentales del Ayuntamiento desarrollaron sobre éstos desde 2013.
Todos reconocen que aquellos que debieron asumir las funciones de
tutelar y coordinar correctamente los cuatro proyectos investigados, no
hicieron bien su trabajo, pero solo dos grupos, el PSOE e Imagina, han
sido capaces de derivar estas conclusiones a la asunción de
responsabilidades políticas. C’s en cambio ha preferido solicitar al
gobierno del Partido Popular que reconozca que no lo hizo bien, pida
perdón y rece tres ave marías y un padre nuestro.
En política, cuando uno se equivoca desde el Gobierno y permite que
varios programas públicos subvencionados con cientos de miles de euros
los controle una persona ajena a la propia institución, haciendo y
deshaciendo con ellos lo que le viene en gana, hasta tal punto que hoy
en día el desvío de esos programas de unas entidades a otras está siendo
objeto de investigación judicial por unas supuestas falsificaciones de
firmas, debe asumir su responsabilidad.
Esto es lo que se ha producido exactamente con este caso. Desde 2013
han sido tres los responsables políticos del PP que asumieron la
concejalía delegada de movilidad. Curiosamente ninguno de ellos fueron
designados para controlar estos proyectos de movilidad en las entidades
que los gestionaban. Lo fue la concejala delegada de innovación y
desarrollo sostenible, que como reconoció en la propia Comisión, se
enteró de cómo se había procedido con estos proyectos hace apenas unos
de meses.
Mientras tanto, la Asociación Plan Estratégico y la Asociación Red
Civinet se han estado disputando la gestión de dos de los proyectos de
movilidad subvencionados con más de 350.000 € de la Comisión Europea.
Parte de estos recursos, como afirmó el Gerente de la Red durante su
comparecencia en la Comisión, se destinaban en el Plan Estratégico para
ir sufragando gastos diversos, fundamentalmente del personal, hasta que
llegara el momento de justificar esos fondos públicos.
Por tanto esta Comisión también nos ha servido para comprobar el tipo
de utilización que se hacía por parte del Plan Estratégico de algunos
de los proyectos que tenía asignados. Un argumento más a favor de la
decisión que ha tomado el Ayuntamiento, desde la exigencia del PSOE, de
abandonar el Plan Estratégico y terminar con las entidades paralelas que
se han generado en torno a él.
Llama la atención que en proyectos en los que el Ayuntamiento
participa, no exista una solicitud formal de ningún órgano competente,
como la Junta de Gobierno Local, ni siquiera un mínimo expediente. Un
ejemplo es el proyecto PTP-Cycle, del que solo disponemos de la
documentación que nos ha proporcionado el Gerente de la Red Civinet y
que sitúa la gestión del proyecto directamente en el Ayuntamiento sin
que exista una solicitud previa.
Es lamentable comprobar también el tipo de fiscalización que realiza
la Comisión Europea sobre la gestión de estos proyectos. Confía la
coordinación a uno de los socios y solo se encarga de revisar la
justificación, que en la mayor parte de las subvenciones recibidas se
hace a través de gastos indirectos y horas de trabajo dedicadas
supuestamente en los proyectos que deben certificar el concejal de
turno.
De los cuatro proyectos de movilidad investigados, queda pendiente de
fiscalización la segunda parte de la subvención recibida del proyecto
PTP-Cycle y el destino de la subvención concedida para continuar con el
proyecto CityMobilNet del programa europeo URBACT-III. Lo que ya es
seguro es que la Asociación Red Civinet va a tener que devolver al
coordinador del proyecto europeo Veloccitá (DTV Cosnultans) 27.955 € por
no haber podido justificar esa parte de la subvención.
No cabe duda que de la experiencia se aprende, y de los errores
también. El Ayuntamiento deberá derivar la gestión de todos los
proyectos que le sean concedidos en el futuro a aquellos servicios y
entidades municipales sobre los que todos los grupos políticos puedan
ejercer su control desde la máxima transparencia. Eso ya supondrá una
garantía de inicio respecto al nulo control que ha demostrado el equipo
de Gobierno del PP con estos cuatro proyectos de movilidad investigados
por esta Comisión.
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