La cuidad no puede ni debe aceptar el “trágala” de los bancos

Artículo de opinión del portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, publicado el 16 de julio de 2016 en el Diario de Burgos

Si hay un tema que nos viene ocupando y preocupando el último mes, es el relacionado con el Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos. Un consorcio que actualmente sostiene una deuda con tres entidades financieras: Caja de Burgos (Caixabank), Caja Círculo (Ibercaja) y Dexia Sabadell de 166,5 millones de euros y por la que a fecha 31 de marzo de 2016, se tenía que haber pagado 30,3 millones de las amortizaciones pendientes, según lo comprometido en el convenio firmado el 16 de mayo de 2014 entre el Consorcio y el Ayuntamiento de Burgos, con el que el Alcalde Javier Lacalle, accede a disolver el consorcio, en caso de incumplimiento de los compromisos de pago adquiridos.

A pesar de gobernar en minoría, el Alcalde y su concejal de Hacienda, el sr. Foronda, después de estar negociando supuestamente durante diez meses para intentar evitar este extremo, llegan a un acuerdo con las entidades acreedoras para refinanciar la deuda, además de suscribir un nuevo convenio, que nos presentan a los grupos de la oposición hace a penas un mes. Un acuerdo cerrado a hechos consumados, un auténtico “trágala” que aquellos que nada hemos tenido que ver en dicha negociación debemos aceptar.

El acuerdo pasa porque la ciudad asuma toda la responsabilidad sobre la deuda que sostiene el Consorcio. De entrada se establece que el Ayuntamiento se compromete a pagar 47,7 millones a razón de 3,61 millones al año por 15 años con cargo al presupuesto. Es lo que las entidades denominan, deuda no sostenible. Por otro lado se establece un plan de amortizaciones condicionado a una serie de ventas de activos (parcelas) del consorcio por el cual se prevé obtener 118,8 millones en 15 años. Un plan de amortizaciones que comienza con 0,8 millones en 2017 pero que termina en 36,4 millones en 2031 y que de no cumplirse, en 180 días sería el Ayuntamiento quien asumiría las deudas pendientes.

Como podrán comprobar se trata de un muy buen negocio para los bancos, un mal negocio para el Consorcio y aún peor para el Ayuntamiento, esto es para el conjunto de la ciudad. Lo único que asumen las financieras es el aplazamiento del pago total de la deuda 7 años, el resto lo asume el Ayuntamiento, y eso a todas luces no es justo, porque las entidades herederas de las cajas también tienen responsabilidades, por lo que debieran asumir parte de la deuda.

Para llegar a esta conclusión no basta con aplicar el sentido común sino valorar lo establecido en los propios estatutos del Consorcio. En primer lugar el Consorcio no es el Ayuntamiento. El Consorcio tiene personalidad jurídica propia, tal como establecen sus estatutos, y es independiente del Ayuntamiento y de las otras entidades consorciadas que junto a él, forman parte del Consorcio: La Caja de Burgos (Caixabank) y la Caja Círculo (Ibercaja). Por lo tanto los 166,5 millones los debe el Consorcio, no el Ayuntamiento.

Segunda cuestión, las dos entidades consorciadas con el Ayuntamiento, Caja de Burgos y Caja Círculo, ingresaron, en concepto de gestión del Consorcio el 2% de todos los ingresos del Consorcio, concretamente 8 millones de euros además de otros 35,5 millones abonados por el Consorcio por los gastos financieros y bancarios. El Consejo Rector del Consorcio, órgano de gobierno y gestión del mismo, está compuesto por 6 miembros en representación del Ayuntamiento y 6 miembros den representación de las entidades financieras, las antiguas Cajas, ahora Cixabank e Ibercaja. Por lo tanto ¿Acaso cabe alguna duda que las dos entidades financieras consorciadas con el Ayuntamiento tendrán que asumir su responsabilidad, habiendo participado a partes iguales con el Ayuntamiento de las decisiones que se adoptaron en el Consorcio, y por lo tanto respecto a los derechos y obligaciones que se puedan devengar ante una posible disolución del Consorcio? Parece obvio que no.

Y en tercer y último lugar, el artículo 18 de los estatutos del Consorcio establecen que solo en el caso de que se disuelva el Consorcio, el Ayuntamiento asumiría las obligaciones que le toquen respecto a las deudas que le pudieran corresponder. Hay que subrayar que dos gabinetes de relevancia nacional y mundial certificaron hace cinco meses que los bancos únicamente podrán imputar a la ciudad la deuda después de haber liquidado todos los terrenos, cuya tasación actual es de 118,8 millones (según Arcano, la consultora encargada por el Consorcio para determinar el valor real de los activos del consorcio). Según uno de estos gabinetes, concretamente Ramón y Cajal, sostienen que “en caso de disolución del Consorcio, deberá procederse a la liquidación de su patrimonio con carácter previo a la atribución del exceso o defecto de la liquidación a favor del Ayuntamiento de Burgos (…) la liquidación se configura como una fase necesariamente vinculada al acuerdo de disolución de la entidad sin que lo dispuesto en los estatutos de un consorcio pueda contravenir el nuevo régimen legal”.

Es por esto que los concejales socialistas nos neguemos a aceptar los términos de la propuesta planteada por las entidades financieras. Una propuesta perniciosa para los intereses de la ciudad, injusta y fuera de toda lógica legal respecto a las cargas que debieran asumir cada una de las partes, de disolverse el Consorcio. Los socialistas votaremos en contra de este nuevo convenio propuesto por las entidades financieras en el pleno del próximo viernes, si éstas no flexibilizan su posición, transigen y aceptan su parte de responsabilidad.

Es muy importante que en este caso la ciudad se sume y apoye a su Ayuntamiento, o al menos a aquellos grupos que como el PSOE, defienden responsablemente sus intereses, en su posición frente a los bancos. Les pido que, en la medida que puedan, trasladen esta posición a sus vecinos, compañeros de trabajo, familiares y amigos. La ciudad puede y debe logar un acuerdo mejor.

Daniel de la Rosa Villahoz
Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos